La decisión de descentralizar la administración pública y sus dependencias es una intención, que como nunca, hoy tiene cabida más allá de las declaraciones del virtual presidente electo. Es una postura que se incorporó en discursos desde noviembre del año pasado.

Es una intención histórica, aunque distinta en la dimensión que se busca al plantear la mudanza de oficinas de gobierno a las 31 entidades del país, dejando sólo Presidencia, Gobernación, Hacienda, Relaciones Exteriores, Defensa y Marina en la Ciudad de México.

Que administraciones federales anteriores lo hayan pensado, era lógico. Una decisión de este tipo en el fondo permitiría el desarrollo económico y urbano con equilibrio a lo largo del país. Sin embargo, llevarla a cabo tiene varios enfoques e implicaciones. Aquí algunos de ellos.

Desde análisis prácticos hasta los complejos, hacer realidad una iniciativa de esas dimensiones tomaría un lapso de entre 5 y 10 años.  Pensemos en la historia y alcances del traslado de algunas áreas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en Aguascalientes.

En ese y otros casos, se requiere de infraestructura de transporte, agua, luz, servicios, vialidades, hospitales, conectividad, telecomunicaciones vivienda y comercio en las entidades consideradas en la iniciativa.

Analicemos: de acuerdo con el anuario 2017 del ISSSTE, en la CDMX viven 740 mil empleados al servicio del gobierno federal. Sólo pensar en Guadalajara, Querétaro, Puebla y otras ciudades medias como las robustecidas por el crecimiento en el Bajío, enfrentarían un reto mayúsculo al recibir centenares de empleados.

Un estudio sobre el particular desarrollado por el Instituto del Derecho de Telecomunicaciones (IDT) ejemplifica sólo el efecto en infraestructura tecnológica: el IMSS tenía el año pasado 5 mil 800 empleados y según las declaraciones de la próxima administración, el instituto trasladaría parte de su personal a Morelia. Si bien, sólo una parte de ese personal estaría en la nueva sede, en esa ciudad crecería 4% la demanda de conexiones de internet fijo.

Ahora bien, el costo de su instrumentación hace pensar en una decisión con efecto inmediato. Mencionamos aquí los casos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que arrendó 28 mil m2 en el complejo de uso mixtos Toreo y a últimas fechas, los 30 mil 166m2 que arrendó a Secretaría de Salud en Marina Park. Considere también los 13 mil 300m2 que SEDATU tomó en Torre Cuarzo B, los 27,000m2 que tomó la PGR en Torre Glorieta y los 9 mil m2 que arrendó Coneval en Insurgentes 819.

Otro caso, no menos relevante, es la Secretaría de Educación Pública, que recién firmó un contrato por 100 mil m2 con Fibra Uno para mudarse a Universidad 1200, donde se alojó el antiguo Centro Bancomer. Su adaptación generó una inversión que con un cambio abrupto se perdería.

Estas operaciones, generadas desde la segunda mitad del año pasado y que se han prolongado en 2018, obedecen también a una tendencia marcada del fly to quality alentada por la oferta de inmuebles de calidad y los precios atractivos.

Finalmente destaca el inventario de edificios propios habitados por la administración pública y los inmuebles clase B, donde se ubica la mayor parte de inquilinos gubernamentales. Se estima que aproximadamente son 2.5 millones de m2.

La demanda estimada del sector gobierno llega a 800,000m2, pero apenas fue en edificios clase A de 65 mil 800 m2 en 2017. El efecto de una descentralización en inmuebles de segunda generación pudiera impactar el desarrollo de corredores como Reforma (incluidas las calles aledañas de las colonias Juárez y Cuauhtémoc), Polanco e Insurgentes.

Para muestra basta revisar lo ocurrido en edificios Clase B en Reforma: mientras la tasa de disponibilidad en edificios A es de 11%, mientras que en los antiguos es apenas de 2.5%.

Con todo, la situación no termina en el efecto de una salida, habrá opciones de reciclaje y la llegada de nuevos inquilinos. Esa es otra historia que en breve compartiremos.

Texto publicado en El Financiero.