En días recientes comentamos la forma en que la pandemia aceleró tendencias de las que ya se hablaba en el pasado reciente.
Una de ellas es la integración de acciones enfocadas a la sustentabilidad, no sólo de cara a los compromisos globales, sino producto de una convicción para tomar acciones de cara al cambio climático y al uso energético que representan los bienes raíces.
Son miles de edificios de oficinas, centros comerciales, parques industriales, edificios residenciales que con su consumo energético se estima que generan 40% de las emisiones anuales de carbono a nivel mundial.
Por ello la batalla por reducirlas ha sido origen de iniciativas como el US Green Building Council y las distintas certificaciones con que se rige el real estate.
John Forrester, CEO de Cushman & Wakefield destacó en fecha reciente los objetivos basados en datos, avalados por las Science Based Targets Initiatives (SBTi) para reducir las emisiones.
Los objetivos se basan en la reducción de emisiones absolutas en sus oficinas corporativas y operaciones un 50% hacia 2030, plazo que inició en 2019.
Otra acción importante es la participación que las firmas globales de servicios inmobiliarios tienen entre sus clientes más importantes para alcanzarlos.
En el caso de C&W el compromiso involucra integrar a clientes clave, propietarios e inquilinos en las acciones de sustentabilidad, dado que representan 70% de las emisiones en las propiedades que administran y determinan sus objetivos hacia 2025.
Lo aplicado en 2020 por la firma representó una reducción de 1.1% en las emisiones de green house gas (GHC), una reducción absoluta del 2.5% de emisiones GHC y del 14% en las emisiones totales por un millón de pies cuadrados de oficinas. El reto es alcanzar cero emisiones de carbono en la cadena total de valor hacia 2050.
Pero el futuro de los estándares de sostenibilidad ha aumentado considerablemente, en especial hacia áreas obligatorias que anteriormente eran voluntarias.
Para CBRE el mundo corporativo está presionado para cumplir con los estándares de sostenibilidad integrados en las normas, convenciones y puntos de referencia que dejan informes de sostenibilidad.
De hecho, su política en la materia se basa en el Grupo de Trabajo del G20 sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD) antes voluntarios para las empresas, y ahora obligatorios para algunos países como el Reino Unido.
Este enfoque es más profundo de lo que parece y se une a otros criterios como las que consideran las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera).
La notificación obligatoria de la TCFD no es nueva. En la Unión Europea (UE) ya se exige que las grandes empresas establezcan métricas de sostenibilidad en sus informes públicos, hecho que desde su perspectiva podría discriminar activamente entre las actividades económicas que contribuyen sustancialmente a la sostenibilidad y las que no lo hacen.
Y es que la taxonomía de la UE no se limita a garantizar que la sostenibilidad de las actividades económicas pueda ser todo lo que se pretende, se debe describir.
Por tanto, su objetivo es presentar las actividades no sostenibles, mismas que actuarían como una señal para que los inversionistas y consumidores las eviten.
En el caso de CBRE, el TCFD será en 2030 el principal marco de referencia para la presentación de informes de impacto en el cambio climático.
Ambos escenarios, también seguidos por jugadores del mercado, son la muestra de que el mercado inmobiliario entró de lleno a una nueva era, la sustentable y sostenible.

Artículo publicado en El Financiero|Bloomberg.