AEROPUERTO & GRANDES OBRAS
La cancelación de la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) es sólo la continuidad de un efecto en cascada que el negocio de infraestructura e inmobiliario ya veían venir.
No es nuevo. Su existencia nos recuerda lo que experimentaron inversionistas cuando se canceló la obra del Tren México-Querétaro, o bien la caída de proyectos inmobiliarios cuando en el año 2000 el Bando 2, restringió el desarrollo inmobiliario a las delegaciones centrales en Ciudad de México.
Nos referimos a lo que se gestó a partir de entonces en las demarcaciones políticas Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. De igual forma, lo que ha ocurrido los últimos 2 años con el impasse en que entró la vivienda popular por la Norma 26, ante los abusos señalados por autoridades entre algunos desarrolladores, y que fallidamente se intentó reactivar con las normas 30 y 31, dado que en sus objetivos, apenas se logró un crecimiento de este tipo de vivienda de 5% en la CDMX.
Con el Bando 2, sucedieron muchas cosas, una de ellas fue que el Sistema de Aguas se transfirió de la Secretaría de Obras a Medio Ambiente. Años después se amplió a todas las delegaciones, de ahí la ola expansiva del desarrollo inmobiliario como lo conocemos y que en sus aportaciones a la Ciudad ha generado modelos innovadores de verticalización, pero también abusos.
El fondo y la lección por aprender es que desde entonces se ha dejado de lado la participación de expertos en la materia que permitan la adecuación responsable y certificada de una política de desarrollo urbano, no sólo sustentable y sostenible, sino inclusiva hacia trabajadores que demandarán transporte, vivienda y otros servicios urbanos.
Lo anterior con todo lo planteado en los encuentros del CONDUSE que dio origen a la actualización del Programa General de Desarrollo Urbano que incorporó los CETRAM y otros mecanismos, además de acciones relacionadas con el desarrollo urbano participativo. Este último factor será la dinámica de los próximos años.
Es por ello relevante lo que ocurre en el negocio de los bienes raíces con las nuevas reglas. La suspensión de permisos en 11 alcaldías de nuevas obras, bajo el argumento de la preparación de nuevos planes de desarrollo, dificultan el engranaje financiero y de desarrollo de proyectos, en particular, los de gran volumen que toman años en conceptualización y desarrollo.
Con la cancelación del NAIM, los mercados financieros han reflejado en la inestabilidad cambiaria, accionaria y de calificación crediticia país, la incertidumbre que genera una decisión como la que se anunció ayer, en particular entre los tenedores de bonos y las empresas que participan en su construcción. Sólo 5 de ellas concentran 51% de los contratos, además de las AFORES, como parte relevante de los inversionistas institucionales.
Sucede no porque sea inadecuado un planteamiento que busque atender temas de costos, acceso, tiempos y una visión distinta de resolver la saturación aérea en el actual puerto aéreo.
Se da porque en el negocio de la infraestructura, como en el real estate, siempre se piensa en el largo plazo y las grandes inversiones que requieren estos proyectos, donde las reformas estructurales han fomentado la participación de la inversión privada.
Es bien sabido que sin inversión en infraestructura, el desarrollo económico de cualquier país es inviable. De ahí la importancia del tren del Sureste, propuesto por la administración federal que está por entrar a funciones de gobierno.
Sin embargo, los cambios de señal en temas tan sensibles sólo nutren la incertidumbre, esa que eventualmente reflejará cambios en otros indicadores como el costo del financiamiento. No olvidemos que los recursos públicos se han contraído en los últimos años y que es el financiamiento público y privado el que ha oxigenado el desarrollo de obras en distintas regiones del país.
Son tiempos distintos, de grandes retos y oportunidades.
Artículo publicado en El Financiero/Bloomberg.